Fujimori: ¿indultado tras cometer crímenes de lesa humanidad?

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PIA-. Alberto Fujimori fue condenado, no sólo por cargos de corrupción sino por proteger y financiar al grupo de tareas Colina y por su responsabilidad directa en las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras a su Gobierno. Fujimori ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, ligando directamente a su persona con las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. A su vez fue condenado por secuestro agravado contra un empresario y un periodista.

Fujimori, de 74 años, fue declarado autor mediato del asesinato de 25 personas ocurridos durante su gobierno (1990-2000), por lo que fue sentenciado a 25 años de prisión, además de recibir otras penas menores por delitos de corrupción.

La masacre de La Cantuta, tuvo lugar en julio de 1992. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fue escenario de las atrocidades del Ejército peruano y su grupo paramilitar, Colina. Un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos, infligiendo serias violaciones a los derechos humanos y la total impunidad de los perpetradores. Los crímenes de lesa humanidad infligidos en el recinto de altos estudios se debió, fundamentalmente, al alto grado de politización de la institución, donde agrupaciones como MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y Sendero Luminoso, organizaciones de izquierda opositoras al gobierno neoliberal de Fujimori, eran fuertes e influyentes.

En noviembre de 1991, el mismo grupo paramilitar, asesinó a 15 personas, incluyendo a un niño de 8 años, en Barrios Altos, ubicado en el centro de Lima. Este era un período de gran crecimiento de las organizaciones armadas y, consecuentemente, de acentuación de la violencia política en los centros urbanos.

En ese contexto, el Gobierno de Fujimori se presentaba como el defensor y representante de la “mano dura”. En 1991, presentaría ante el congreso un paquete de leyes “antiterroristas” que serían limitadas y recortadas por ser consideradas inconstitucionales ya que transferían mayores atribuciones y poderes a las Fuerzas Armadas y Policiales. En ese contexto, los servicios de inteligencia peruana realizaban seguimientos de activistas y militantes y, posteriormente, se implementaría el denominado “plan ambulante”, con el fin de vigilar activistas en la localidad de Barrios Altos, entre estos, el inmueble donde tuvo lugar la masacre perpetrada por el grupo Colina.

La justicia calló y prácticamente no investigó los hechos; los medios callaron, con excepción de algunos periodistas y medios opositores que comenzaban a investigar y a denunciar la existencia de grupos paramilitares.

La sentencia que lo condena a los 25 años considera expresamente a los delitos que los motiva como de lesa humanidad, para los cuales la legislación y jurisprudencia internacionales, que vinculan a Perú, también excluyen la amnistía, el indulto y el derecho de gracia.

Fue el mismo Alberto Fujimori quien promulgó la Ley N° 26478, el 3 de junio de 1995, aprobada por el llamado Congreso Constituyente Democrático con la firma de Jaime Yoshiyama, cuyo Artículo 1° excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado. Por lo cual él mismo ha sentenciado la exclusión de su pedido de indulto.

Los hijos de Fujimori, han solicitado, el pasado 10 de octubre, el indulto humanitario para su padre en base al estado de salud del ex – mandatario, arguyendo un supuesto cáncer terminal.

Por su parte, el director del Centro de Desarrollo Humano (CEDEH) Puno, Oscar Canales, señaló que “el indulto humanitario se concede a los que padecen enfermedades terminales, pero no para los que fueron condenados por tortura y delitos de lesa humanidad”.

Los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas señalaron que, si bien el ex mandatario padece un cáncer de lengua, éste se encuentra actualmente controlado.

El jueves pasado, cientos de peruanos se movilizaron en Lima contra el posible indulto a favor de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violación de derechos humanos.

Por el momento, el expediente de Fujimori está siendo evaluada por una comisión del Ministerio de Justicia, pero la decisión final deberá ser tomada por el actual presidente Ollanta Humala.

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