Fujimori: indultado tras cometer crmenes de lesa humanidad?

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PIA-. Alberto Fujimori fue condenado, no slo por cargos de corrupcin sino por proteger y financiar al grupo de tareas Colina y por su responsabilidad directa en las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras a su Gobierno. Fujimori ha sido acusado de crmenes de lesa humanidad, ligando directamente a su persona con las masacres de La Cantuta y Barrios Altos. A su vez fue condenado por secuestro agravado contra un empresario y un periodista.

Fujimori, de 74 aos, fue declarado autor mediato del asesinato de 25 personas ocurridos durante su gobierno (1990-2000), por lo que fue sentenciado a 25 aos de prisin, adems de recibir otras penas menores por delitos de corrupcin.

La masacre de La Cantuta, tuvo lugar en julio de 1992. La Universidad Nacional de Educacin Enrique Guzmn y Valle, conocida como La Cantuta, fue escenario de las atrocidades del Ejrcito peruano y su grupo paramilitar, Colina. Un profesor y nueve estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos, infligiendo serias violaciones a los derechos humanos y la total impunidad de los perpetradores. Los crmenes de lesa humanidad infligidos en el recinto de altos estudios se debi, fundamentalmente, al alto grado de politizacin de la institucin, donde agrupaciones como MRTA (Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y Sendero Luminoso, organizaciones de izquierda opositoras al gobierno neoliberal de Fujimori, eran fuertes e influyentes.

En noviembre de 1991, el mismo grupo paramilitar, asesin a 15 personas, incluyendo a un nio de 8 aos, en Barrios Altos, ubicado en el centro de Lima. Este era un perodo de gran crecimiento de las organizaciones armadas y, consecuentemente, de acentuacin de la violencia poltica en los centros urbanos.

En ese contexto, el Gobierno de Fujimori se presentaba como el defensor y representante de la mano dura. En 1991, presentara ante el congreso un paquete de leyes antiterroristas que seran limitadas y recortadas por ser consideradas inconstitucionales ya que transferan mayores atribuciones y poderes a las Fuerzas Armadas y Policiales. En ese contexto, los servicios de inteligencia peruana realizaban seguimientos de activistas y militantes y, posteriormente, se implementara el denominado plan ambulante, con el fin de vigilar activistas en la localidad de Barrios Altos, entre estos, el inmueble donde tuvo lugar la masacre perpetrada por el grupo Colina.

La justicia call y prcticamente no investig los hechos; los medios callaron, con excepcin de algunos periodistas y medios opositores que comenzaban a investigar y a denunciar la existencia de grupos paramilitares.

La sentencia que lo condena a los 25 aos considera expresamente a los delitos que los motiva como de lesa humanidad, para los cuales la legislacin y jurisprudencia internacionales, que vinculan a Per, tambin excluyen la amnista, el indulto y el derecho de gracia.

Fue el mismo Alberto Fujimori quien promulg la Ley N 26478, el 3 de junio de 1995, aprobada por el llamado Congreso Constituyente Democrtico con la firma de Jaime Yoshiyama, cuyo Artculo 1 excluye del beneficio del indulto a los autores del delito de secuestro agravado. Por lo cual l mismo ha sentenciado la exclusin de su pedido de indulto.

Los hijos de Fujimori, han solicitado, el pasado 10 de octubre, el indulto humanitario para su padre en base al estado de salud del ex mandatario, arguyendo un supuesto cncer terminal.

Por su parte, el director del Centro de Desarrollo Humano (CEDEH) Puno, Oscar Canales, seal que el indulto humanitario se concede a los que padecen enfermedades terminales, pero no para los que fueron condenados por tortura y delitos de lesa humanidad.

Los mdicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplsicas sealaron que, si bien el ex mandatario padece un cncer de lengua, ste se encuentra actualmente controlado.

El jueves pasado, cientos de peruanos se movilizaron en Lima contra el posible indulto a favor de Fujimori, condenado a 25 aos de prisin por violacin de derechos humanos.

Por el momento, el expediente de Fujimori est siendo evaluada por una comisin del Ministerio de Justicia, pero la decisin final deber ser tomada por el actual presidente Ollanta Humala.

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