TPP: violacin de derechos y secretismo antidemocrtico

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PorLuis Hallazi,Rebelin.-An no se ha encontrado una fundamentacin jurdico-poltica al Acuerdo de Asociacin Transpacfico ( TPP por sus siglas en ingls) que respete las reglas de un Estado de Derecho, donde garantas procedimentales de ese mismo Estado, como la rendicin de cuentas, la transparencia, los debates parlamentarios, la divisin de poderes y la misma soberana de los pueblos, prevalezca como parte fundamental de la legitimidad de una democracia. Por el contrario, lo que la firma del TPP ha trado para el Per es la confirmacin de la sujecin de los derechos humanos a los intereses econmicos que cada vez va consolidando una nueva arquitectura normativa al servicio de los derechos de las corporaciones.El TPP se ha estado negociando desde el 2010, cinco aos despus, tras el secretismo con que se avanzaron las negociaciones, cuenta con la firma y respaldo del Poder Ejecutivo. Un tratado que nadie conoce con exactitud. Un tratado que no tuvo debate parlamentario y que fuera de los tcnicos de cada pas, no se cont con la participacin alguna de la sociedad civil y peor an ningn grupo de expertos independientes han podido explicar de manera sencilla y concreta los impactos que traer a la poblacin.Al contrario se debe subrayar que no estamos ante una simple asociacin para el desgravamen arancelario como parte del intercambio comercial, sino un pacto mucho ms amplio en el que Estados Unidos representante de empresas transnacionales fija nuevas normas en temas tan dispares como los derechos laborales, la propiedad intelectual, el medio ambiente, la resolucin de conflictos, el intercambio comercial, etc., imponiendo condiciones propias de una negociacin asimtrica y donde el resto de la mayora de naciones involucradas (Mxico, Australia, Brunei, Chile, Japn, Malasia, Nueva Zelanda, Per, Singapur, Vietnam y Canad) deben limitarse a buscar fungir de negociadores.

La informacin que hasta ahora tenemos es que se trata de aproximadamente 30 captulos cuyo contenido, en un 90%, es secreto. Tan solo tres captulos fueron filtrados por Wikileaks. Recientemente, el 5 de octubre, se anunci el fin de las negociaciones y ante una nueva filtracin del captulo referido a derechos de propiedad intelectual se confirmaron las sospechas de serias amenazas para los derechos humanos de los pases firmantes.

De acuerdo al captulo filtrado relacionado a propiedad intelectual [1] se desprende que se incrementar el costo de acceso a la salud, es decir, se pagara ms por medicamentos e incluso se restringir el uso de algunas medicinas necesarias para salvar vidas. Esto es lo que esconden tecnicismos como la vinculacin de patentes que busca vincular las agencias nacionales que otorgan registros sanitarios con la proteccin de patentes, o el caso de las patentes biolgicas [2] que no es ms que la posibilidad que empresas transnacionales puedan patentar plantas, procesos biolgicos, que en el caso del Per muchos son un legado histrico de las poblaciones indgenas y cuyo ltimo fin es favorecer a la industria farmacutica haciendo uso de los derechos de propiedad intelectual.

Como bien se sabe los pases llamados desarrollados exportan propiedad intelectual, gran parte de ellas registradas con derechos exclusivos o patentes, como es el caso de las empresas estadounidenses y japonesas que, en conjunto, suman alrededor del 50% de patentes en vigor [3] , controlando de esa manera el mercado material e inmaterial de sus productos. Por otro lado, tenemos a los pases consumidores como el Per que importan propiedad intelectual. Segn el Banco Mundial en 2013 el Per pag 210 millones por propiedad intelectual [4] bajo esta dependencia, si no existe un trato equitativo en las reglas de juego, los derechos de propiedad intelectual colisionan y en muchos casos se impone ante la otrora supremaca de los derechos humanos.

Del mismo captulo referido a la propiedad intelectual se desprenden las amenazas al derecho a la libre expresin, informacin y privacidad que como usuarios de internet tenemos la obligacin de resguardar. Y es que bajo la misma estrategia de utilizar los derechos de propiedad intelectual, llamase tambin derechos de autor o copyrigth, busca convertir a las empresas proveedoras del servicio de internet (IPS) en sherifs de lo que se hace y deja de hacer con los contenidos de la red, dotndoles de competencias y responsabilidad para que sean ellos los que vigilen los contenidos que se trasmiten o descargan de internet.

El TPP obliga a los pases a crear incentivos legales para que cooperen con los titulares de derecho de autor o empresas proveedoras (Telefnica, Claro y otras) y se persigan, hasta penalmente, las descargas de software o trasmisin de contenidos que infrinjan las normas dadas por los mismos titulares del derecho. Incluso obliga a regular a empresas como YouTube, Facebook o Twitter, al establecer un rgimen de responsabilidad especial en caso de que estas tengan conocimiento de violaciones de derechos de autor.

Por otro lado, uno de los puntos que ms nos debera alarmar son los referidos a los sper derechos de las corporaciones que ya han empezado a permitir que empresas transnacionales demanden en tribunales privados a los pases miembros de acuerdos internacionales de inversin por cualquier conducta o legislacin que consideren contraria al tratado.

Este rgimen opera a partir de la firma de los llamados tratados bilaterales de inversin (TBI) y ahora a travs de los tratados multilaterales como es el caso del TPP, que entre sus diferentes clusulas contienen normas para garantizar la seguridad jurdica de las inversiones; clusulas donde el Estado se compromete a no interferir de ningn modo con la inversin, ni a discriminarla por su procedencia externa y en caso de controversia, estas empresas trasnacionales, cuyos intereses estn protegidos por tratados bilaterales y multilaterales de inversin, pueden demandar a los pases miembros bajo un nuevo catlogo de derechos que sancionan, por ejemplo, la conducta o legislacin que afecte las ganancias esperadas por alguno de sus inversionistas, lo que se denomina expropiacin indirecta.

Para que todo esto pueda tener sentido, el Estado debe renunciar a la jurisdiccin nacional, para que los casos puedan someterse a un tribunal arbitral, como el Centro Internacional de Arbitraje sobre Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), parte de una de las cinco instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundia l, cuyos rbitros son constituidos ad hoc para cada caso en particular, un tribunal en buena cuenta privado, sin instancia superior e inapelable. De esa forma tratados como el TPP buscan generar una arquitectura normativa supranacional, que promueva un rgimen de proteccin especial a los grandes capitales e inversionistas.

Bajo ese tratamiento asimtrico entre derechos corporativos y derecho humanos, la situacin se agrava para el caso de los derechos de los pueblos indgenas. Situacin admitido y reconocida por el reciente informe de la Relatora Especial para derechos de Pueblos Indgenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos de los pueblos indgenas.

Donde se seala de forma categrica que los acuerdos internacionales de inversin y de libre comercio [5] (como el TPP) violan de manera directa los derechos de los pueblos indgenas, acrecentando las injusticias y desequilibrios sistmicos, por ser poblaciones de las ms marginadas. Adems en dicho informe se menciona que los regmenes internacionales de inversin y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos indgenas e incluso se ha sealado que estn siendo mecanismos de perpetuacin de las desigualdades econmicas, reconociendo el control de neoliberalismo en la imposicin de esta reglas de juego [6] .

Debemos recordar que de manera paralela al TPP se estaba negociando e l Tratado Transatlntico de Comercio e Inversiones entre la Unin Europea y Estados Unidos (TTIP) y adems se est negociando de manera secreta desde el 2012 el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicio (TISA). En conjunto, estos tratados colisionan de manera estrepitosa contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a su vez con la Declaracin Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Polticos, Derechos Sociales, Econmicos y Culturales y dems convenciones internacionales que resguardan el respeto de la dignidad humana; por tanto para el caso de Per, es necesario la restitucin de la competencia territorial de los tribunales nacionales, casos como el TPP son susceptibles de un control constitucional de los tratados, donde se verificar los serios vicios de inconstitucionalidad que poseen.

Finalmente todos estos tratados son parte de una estrategia perversa para fortalecer el modelo neoliberal a travs de los derechos de las corporaciones, flexibilizar sus obligaciones o apelar a la voluntariedad de su cumplimiento en materia de derechos humanos; a costa de limitar el ejercicio de la democracia, la soberana de los pueblos y la proteccin de los derechos humanos.

Notas:

[1] Segn las filtraciones de WikiLeaks, captulo referido Propiedad Intelectual: https://wikileaks.org/tpp/#QQA12

[2] Revisar en Qu son las patentes biolgicas?: https://lamula.pe/2011/07/18/que-son-las-patentes-biologicas/rosalva/

[3] Centro de Informacin de las Naciones Unidas, propiedad intelectual http://www.cinu.mx/temas/desarrollo-economico/propiedad-intelectual/

[4] Banco Mundial: http://datos.bancomundial.org/indicador/BM.GSR.ROYL.CD/countries

[5] Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas, 07/08/2015: http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/mandato-onu

[6] Ibdem.

Luis Hallazi es investigador en derechos humanos

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